Ante los cuestionamientos formulados por el vocero presidencial sobre los mayores costos que rigen en la provincia de Buenos Aires para el ejercicio profesional, resulta necesario responder a ellos.
La equiparación del “aporte” jubilatorio con un “servicio que no ha sido elegido” resulta absolutamente desafortunada, evidenciando el intento de instalar en la comunidad la posibilidad de elegir o no el cumplimiento de obligaciones de origen legal, sin las cuales no resultaría posible acceder a las coberturas de vejez, invalidez, fallecimiento y otras de la seguridad social.
Nos vemos obligados entonces a alertar sobre los riesgos que encierra la proclama y su embate a las instituciones y autoridades provinciales que regulan y aseguran el correcto ejercicio profesional, dándole, además, íntegra cobertura a los médicos de nuestra provincia con absoluta ausencia de asistencia financiera del estado.
Ninguna actividad productiva resulta segura y adecuada sin su necesaria y justa regulación. Base fundamental para la organización y paz social de nuestra población.
En tal contexto, debemos recordar que los aportes previsionales, por su naturaleza y bien jurídico protegido, son siempre obligatorios y resultado de su cálculo actuarial. Ningún sistema previsional de “base solidaria”, como los existentes en nuestra provincia, podría sustentarse sin que exista la obligación legal de afrontar dicha carga.
No podría otorgarse ninguna cobertura sin el esfuerzo económico de los afiliados que sostienen los sistemas previsionales para profesionales. Ello por cuanto, es propio de estos regímenes que se financien casi exclusivamente con los aportes de sus afiliados y sin ningún tipo de financiamiento proveniente del Estado.
Los sistemas jubilatorios para profesionales, surgidos de la iniciativa de sus mismos interesados, con más de 80 años de trayectoria en nuestro país, son un ejemplo de organización, administración y solidaridad de la sociedad civil, que han hecho posible garantizar el acceso y permanencia en las coberturas de la seguridad social a sus miembros, sin comprometer el patrimonio ni la responsabilidad del Fisco nacional ni provincial.
Resulta entonces contradictorio el embate presidencial sobre los Colegios y Cajas para profesionales cuando, son estas organizaciones las que aseguran el correcto ejercicio profesional y coberturas de la seguridad social, sin poner en riesgo el tan ansiado “equilibrio fiscal” sobre el que asienta el gobierno actual sus políticas de estado.
Por lo demás, el cuestionamiento a la matriculación obligatoria en nuestra jurisdicción, y obligaciones que de ella se derivan, no importan una doble imposición como pareciera desprenderse de los dichos del vocero presidencial, sino la pretensión del gobierno nacional de invadir las competencias propias que conservan los poderes públicos provinciales.
Es así que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en materia sanitaria, se trabaja mancomunadamente entre Colegio profesional, Caja y gobierno provincial en la búsqueda permanente de soluciones que garanticen la más alta calidad de prestación de servicios, facilitando la inserción de nuevos profesionales al sistema, además de buscar mecanismos que procuren la sustentabilidad de su sistema previsional.
EL DIRECTORIO